LA REPÚBLICA EN TERAPIA INTENSIVA (Sexta entrega)

Por Juan Balois Pardo

El mote de Fiscal de la República ya no se escucha en los medios periodísticos, es que ha quedado en evidencia que Elisa Carrió, a quienes sus obsecuentes más cercanas llamaban de ésta manera, se valió recurrentemente para sus denuncias con intereses políticos, de informantes orgánicos e inorgánicos del espionaje, quienes frecuentemente utilizan a personas notorias con para sus operaciones, en las que recurrentemente subyacen oscuros objetivos.

Lilita construyó la mayor parte de su caudal político a base de denuncias judiciales, el afán de acrecentar su fama de política honesta que lucha contra la corrupción , descontroló su avidez por obtener información, la que, en el mundillo de los servicios, se obtiene muchas veces de manera ilegal.
El escándalo del D`Alessio Gate sirvió como botón de muestra del proceder de Carrió y sus laderas Suvic y Olivetto, quienes hicieron de la denuncia penal su principal herramienta política, valiéndose recurrentemente de datos del espionaje.
Conocida la denuncia de Etchebest por extorsión contra D`Alessio y el Fiscal Federal Stornelli, rápidamente Carrió ordenó a sus allegadas políticas Mariana Zuvic y Paula Olivetto denunciar judicialmente que la acusación formulada contra el Fiscal de la Causa de las Coimas en la Obra Pública, había sido una operación pergeñada desde la cárcel por referentes de “La Cámpora”, específicamente por Baratta, ex funcionario de Julio De Vido, Centeno, su ex chofer, fue quien dijo haber escrito datos relevantes sobre el pago de sobornos de empresarios a funcionarios kirchneristas, pero, que había quemado los cuadernos, de los que luego, aparecieron fotocopias no certificadas que no permiten verificar su autenticidad, y a partir de los cuales se desató una catarata de indagatorias y procesamientos que enmarañaron la causa con cuestionados testigos colaboradores que solo procuran minimizar una factible sanción penal en su contra.
Las referentes de la Coalición Cívica presentaron el día 11 de febrero desgravaciones de escuchas realizadas al teléfono del Penal de Ezeiza, obtenidas de manera ilegal el día 1 de febrero, en las que supuestamente se demuestra que Barata formó parte de un montaje para desacreditar a Stornelli. Rápidamente quedó claro que la conversación del ex funcionario preso fue posterior a la presentación judicial de Etchebest que se efectuó el 28 de Enero en la que, mediante videos, se ve al Fiscal Federal junto al espía inorgánico de la Embajada Norteamericana en Necochea el día 7 de Enero.
La AFI (Agencia Federal de Investigaciones), como sucedió con las escuchas efectuadas a Cristina Fernández de Kirchner, incansablemente repetidas por Majul, en las que con vocabulario soez se dirige, entre otros, a su colaborador Parrilli, suele proveer maliciosamente grabaciones efectuadas a terceros no involucrados en las causas, a través de teléfonos intervenidos, mediante los cuales se producen conversaciones que nada tienen que ver con los involucrados en las investigaciones, ni con el tema por el cual el juez ordena la escucha.
El Teléfono del Penal no estaba intervenido para escuchar a Barata, lo escucharon y grabaron desde la misma oficina de escuchas telefónicas que maneja la Corte Suprema de Justicia en la que trabaja el hijo de Stornelli. Carrió recurrió al remañido argumento de decir que la información le llegó en un sobre anónimo, se apuró para ser la primera en defender al Fiscal de la causa por ella promovida que pretende demostrar que la ex Presidente lideraba una Asociación Ilícita que recibía retornos a partir de sobreprecios en la Obra Pública, por su impulsiva reacción quedó vergonzosamente desmentida por la contundencia de la cronología de los hechos, ya que no pudo organizarse el hecho 25 días después de producido, y su desgastada credibilidad se deterioró sensiblemente al tratarse de espionaje ilegal, tal es así que luego la justicia destruyó las desgravaciones.

Hacía poco que Carrió y su partido habían presentado como bandera política el documento denominado “lucha contra el crimen organizado y la corrupción” en el plantearon que, de las 110 denuncias presentadas, tan sólo cuatro fueron elevadas a juicio y ninguna ha conseguido sentencia firme. Si bien Lilita se muestra frustrada afirmando que la alineación del Poder Judicial con el Poder Político frena sus denuncias, contradictoriamente, reconoce que en los dos últimos años las cuatro causas contra los ex funcionarios “K”, han avanzado notoriamente.
Luego de callarse la boca ante la inacción judicial a favor de Macristas por ella denunciados como Garavano y Angelici, luego de morderse la lengua por la operación del gobierno a favor de los Fiscales Mullen y Barbaccia en el fallo de la causa AMIA, luego de los codazos de Negri en la campaña en Córdoba, luego de comerse varios sapos por evitar que la coalición se convierta en colisión, en donde el Pro gobierna sin consultar a sus aliados, su alfil Mariana Suvic anunció, reconociendo el carácter político de su accionar judicial, que ahora que saben que Alberto Fernández es el candidato del Partido Unidad Ciudadana que lidera la ex Presidente CFK, lo van a denunciar como organizador de la Asociación Ilícita, de lo que Zuvic hace pocas horas , percibiendo que había dejado al descubierto el abuso que de la denuncia suele hacer el partido al que pertenece, se desdijo, manifestando que denunciarán a Alberto Fernández luego de las elecciones.
Carrió, pieza fundamental en el surgimiento de la Alianza Cambiemos, dejó de ocuparse de la corrupción para dedicarse exclusivamente a la corrupción kirchnerista, ignorando, y en varios casos defendiendo, actos ilegales del gobierno y sus soldados, el ejemplo más claro es el que acabamos de detallar, Carlos Stornelli fue declarado en rebeldía por la Cámara Penal y Carrió, y sus obsecuentes colaboradoras, procesadas en función de las comunicaciones que mantenían con su armador de causas e informante Marcelo D`Alessio. Al apodo de “Fiscal de la República”, ya prácticamente nadie se anima a utilizarlo.